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La demanda del presidente Rafael Correa contra los cuatro veedores ciudadanos que siguieron el cierre de los supuestos contratos entre su hermano Fabricio y el Estado, despierta en la cancha legislativa el debate sobre la aprobación de una Ley que “blinde” a los ciudadanos de posibles persecuciones políticas por sus investigaciones.

En febrero del 2011 el asambleísta Andrés Páez (ID) presentó el proyecto de Ley de Inmunidad para Veedores. Este ya fue sometido a primer debate hace dos meses. Pero cinco de los 11 miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Guillermina Cruz, aliada al Régimen, recomendaron el archivo del documento. Consideraron que la propuesta se contrapone con la normativa legal. Pero las voces críticas en la Asamblea impidieron que la ley fuera archivada. Ahora permanece en esa Comisión, para que el trámite en segundo debate avance.

El objetivo de este cuerpo legal es que los miembros de las veedurías ciudadanas no sean responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación. Según Páez la Ley es urgente para proteger a los ciudadanos de una “persecución sistemática”. También para garantizar la participación ciudadana sin temor y con independencia.

Lourdes Tibán (Pachakutik) dice que el Proyecto de Ley debe ser tratado de forma urgente, pues se ha evidenciado la persecución política contra Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, los veedores del caso Gran Hermano.

Luego de un año de indagación previa por parte de la Fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, esta acusó a los cuatros ex veedores de falso testimonio, por lo cual podrían ser condenados de uno a tres años de cárcel.

Los cuatro ciudadanos critican esta “apresurada conclusión” y recuerdan que durante la indagación previa ellos conversaron solamente 15 minutos, con dos asistentes de la fiscal Bayas. Ahora están preparando su defensa junto con el abogado Ramiro Román, quien decidió defender a los veedores por considerar que la Fiscalía “está haciendo una formulación de cargos sin piso legal”.

El 17 de mayo será la audiencia de formulación de cargos en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha. Ahí, el juez Raúl Martínez podrá dictar medidas cautelares. Los veedores temen que esta sea una prisión preventiva. “Si ellos hubieran dicho que el Presidente no conocía de los contratos estuvieran ocupando cargos importantes”, opina Tibán.

Otro legislador opositor, Vicente Taiano (Prian), analiza que en el momento en que las veeduría no tengan protección “nadie arriesgará su integridad porque podrán ir a parar en la cárcel”. Así recuerda que su obligación como legisladores es velar por la seguridad de los ciudadanos.

En la orilla de Alianza País hay precaución al comentar sobre el tema, pese a que en el 2010 ellos impulsaron la inmunidad para la Comisión de la Verdad, que investigó la violación a los derechos humanos en el régimen de León Febres Cordero (PSC) y otros períodos. Así, la coordinadora oficialista Paola Pabón evita hacer un comentario y sostiene que el interés de Páez es electoral. “Hay que analizar el proyecto en el marco de la Constitución”.

Pero para Páez, Taiano y Tibán existe una falta de voluntad política y un doble discurso de Alianza País. La razón: la Ley beneficiará a los veedores que revelaron irregularidades en este Gobierno, y ahora son perseguidos.

La oposición no descarta que si los cuatro ciudadanos son sentenciados, ellos impulsarán una amnistía legislativa, pues el juicio tiene síntomas políticos.

Una vocal del Cpccs pide el archivo del Proyecto

A juicio de la vocal del Consejo de Participación (Cpccs), Mónica Banegas, los cuatro veedores no actuaron de forma imparcial. Así, considera que el proyecto de Ley de Inmunidad carece de sustento jurídico y tiene como trasfondo posturas políticas electorales.

Su colega, David Rosero, ve con preocupación que a título persona empiece a atacar iniciativas legislativas, en vez de defender las iniciativas de participación “Es necesario discutir sus garantías para que no sean perseguidos”.

En febrero del 2010, Chambers, impugnó la candidatura de Banegas al Cpccs definitivo. El reglamento señalaba que ella podía participar solo si renunciaba seis meses antes al cargo, pues fue vocal del Consejo de Transición. Por eso para Chambers, la actuación de la consejera es una retaliación.

El polémico  informe

En febrero del 2011  se presentó el informe de la veeduría  donde se estableció que los montos de los supuestos contratos  entre Fabricio Correa y el Estado ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.


El 31 de marzo del 2011   el presidente Rafael Correa  denunció a los cuatro veedores ante la Fiscalía, por un presunto delito de fe pública. Luego de un año la fiscal María Elena Bayas los acusó de falso testimonio, la audiencia será el 17 de mayo.


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