La razón: el vicepresidente Lenín Moreno continúa en su gira por Oriente Medio, donde promocional la Iniciativa Yasuní ITT.

Según el artículo 146 de la Constitución vigente, "en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerce la Vicepresidencia".

La corta ausencia de Correa, y la gira de Moreno, sin duda, generaron un vacío constitucional.

El portal oficial Elciudadano.gov.ec indicó que dicha ausencia no debe ser entendida como un vacío de poder en el país. Además recordó que el artículo 146 de la Constitución vigente “considera como ausencia temporal aquella circunstancia que le impida al Presidente el ejercicio de sus funciones por más de tres meses”.

“En el presente caso, la ausencia del Primer Mandatario no es ni temporal ni definitiva pues apenas estará fuera del país por dos días con el propósito de asistir al cambio de Mando Presidencial en la República de Chile”, afirmó.

Por ello, según señaló, Correa puede “emitir disposiciones e incluso firmar Decretos Ejecutivos, física o electrónicamente, con plena validez legal”.

El Primer Mandatario tenía previsto retornar al país mañana.

Los miembros de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo respondieron a las acusaciones formuladas por el ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glass, sobre la resolución emitida en el caso de Teleamazonas.

El 3 de marzo el Tribunal dejó sin efecto dos casos que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) había interpuesto contra la televisora.

Se trata de los expedientes por la emisión de una corrida de toros, el 22 abril de 2009, y por el reportaje, del 8 de mayo siguiente, sobre la existencia de un centro clandestino de cómputo electoral en Guayaquil.

En la resolución, los jueces señalaron que hubo silencio administrativo, por parte del Conatel, al no responder a los pedidos de revocatoria de las sanciones que impuso en contra del canal por los dos expedientes.

No obstante, Glass señaló que “el silencio administrativo no cabe respecto de actos que han sido impugnados en sede administrativa”. Por ello, presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia.

Ayer, los magistrados manifestaron que “se solicitó la ejecución del silencio administrativo porque la administración no había dado contestación a las peticiones de apelación y revocatoria de las sanciones”.

Es decir, que en el plazo de 15 días, que establece la Ley, no se presentó ningún recurso sobre los pedidos planteados por la defensa de Teleamazonas.

“Si existe alguna irregularidad o corrupción, no es responsabilidad de los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino más bien debería investigarse por qué se permitió caer en silencio administrativo”, señalaron los jueces Sabett Chamoun y Carlos Abad, mediante un comunicado.

Redacción Política

La caminata Hacia una nueva propuesta, liderada por el asambleísta de Concertación Democrática Nacional (CND) César Montúfar, terminó ayer en Quitó después de 19 días de recorrido.

Al ritmo de una banda, Montúfar llegó a las 17:30 a la Campana de la Paz, ubicada en el parque La Carolina, tenía la cara llena de bloqueador solar y un evidente cansancio por la caminata. Estuvo acompañado de su esposa, Pamela Cevallos, y sus dos hijas. Además, estuvieron la ex asambleísta y ex candidata presidencial Martha Roldós, José Pileggi, subdirector de CDN, y un centenar de simpatizantes que, con bandera en mano, gritaban: “¡Viva el Ecuador, viva la democracia y la libertad!”.

El asambleísta de oposición realizó una convocatoria a los ciudadanos para formar un nuevo “frente responsable de oposición al régimen de Rafael Correa”. Por otro lado, aseguró que en todas las ciudades visitadas recibió el apoyo de la gente. Según Montúfar, la pobreza y el desempleo son los temas que más preocupan a las personas de las ciudades que visitó. Pero, que en el campo, el principal problema son los recursos hídricos.

Esta visión la comparte Roldós, para quien esta propuesta generará la participación de la ciudadanía.

El sábado 20 de febrero, Montúfar inició su caminata de 500 km, desde el Parque Centenario de Guayaquil. Ese día estuvo acompañado por el ex presentador de televisión y activista político Carlos Vera, quien lo esperó ayer, en la Campana de la Paz, donde concluyó la travesía de los marchantes.

Para Pileggi, la caminata demuestra que la democracia debe ser respetuosa, participativa, y que refleje el deseo de los ciudadanos por una sociedad equitativa y más justa.

Durante los 500 km que Montúfar recorrió en 19 días, visitó las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Su ingreso a Quito fue por el sur.

Ellos tienen como consigna apoyar las decisiones de Marlon Santi, actual titular de la Conaie, y de los presidentes de sus tres regionales frente a las decisiones del presidente Rafael Correa.

El 27 de febrero, el Jefe de Estado cuestionó el liderazgo de Santi. “No permitamos que líderes insensatos traten de hacer un Estado aparte. No permitiremos el separatismo. Me dan ganas de llorar al ver la calidad de los actuales dirigentes indígenas”.

Por ello, las antiguas cabezas de esta organización, la más fuerte del movimiento indígena, quieren demostrar que Santi no está solo. “La idea del separatismo vive solo en la cabeza del Presidente”, manifestó Cholango.

Una de las primeras estrategias en la que trabajará este grupo asesor es en la unificación de su discurso político. Según Cholango, los pueblos indígenas que pertenecen a la Conaie apoyan la decisión de romper el diálogo con el Gobierno y llamar a las nuevas movilizaciones. “En las provincias se organizan talleres para que las bases sepan las propuestas y objetivos del movimiento”.

Con esto coincidió Santiago de la Cruz, ex vicepresidente de la Conaie. Para él, todas las organizaciones que integran la Confederación tienen un objetivo común: la reivindicación de las demandas del pueblo indígena.

De allí que su principal tema de consenso es la conformación de una organización política para conformar un estado plurinacional que permita tomar decisiones importantes y vitales para el país, por fuera del Ejecutivo y del Legislativo. Los indígenas creen que el Gobierno está tomando decisiones equivocadas y que no se ha incluido a la sociedad en el debate de los temas vitales.

Otro de los puntos planteados por la Conaie es la modificación del proyecto de Ley de Aguas. Para Ricardo Ulcuango, existen demasiados temas pendientes que el Gobierno ofreció solucionar en el diálogo que mantuvo con las organizaciones indígenas en octubre pasado y que no se han cumplido hasta el momento.
Miguel Lluco, ex coordinador de Pachakutik, sostuvo que, por todas estas consideraciones, las bases indígenas están unidas para defender su postura.

Aunque la Conaie intenta proyectar la unidad, cada agrupación regional da mayor relevancia a determinados temas del acuerdo de 21 puntos que sustenta el llamado a la movilización. Por ejemplo, para los indígenas de la Conaice (Costa) es más importante el debate del Código Territorial que la Ley de Aguas, vital para la Ecuarunari (Sierra).

“Todas las dirigencias tienen sus puntos de vista, pero hemos dejado eso de lado para unirnos. Puede haber gente que se haya vendido al Gobierno, pero los indígenas agrupados estamos con la Conaie”, dijo De la Cruz.

Estos temas se discutirán hoy en el marco de la reunión de la dirigencia de los movimientos indígenas de la Región Andina. La cita es en Quito.

Redacción Política

El Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (Cootad), ¿le entrega al Estado demasiadas atribuciones en el control de los gobiernos autónomos descentralizados?

Lo respetamos desde nuestra organización: La Mancomunidad del Sur. Pero hay posiciones diferentes sobre este tema. Creo que las regiones que ha creado el Gobierno solo son administrativas y no potencian el territorio. Ese es un planteamiento equivocado, no es conveniente formar una región entre Azuay, Cañar y Morona Santiago, las cuales representan apenas el 6% del Producto Interno Bruto del país.

¿Dónde está la inequidad?

Por ejemplo, en formar una región entre Guayas, Los Ríos y Bolívar, la cual posee el 27% del PIB. No existe correlación alguna.

¿Qué proponen para evitar ese desequilibrio?

Por eso creamos la Mancomunidad del Sur, integrada por Azuay, Cañar, Morona, Zamora y El Oro. Hicimos una propuesta para la llamada departamentalización del país, la cual consiste en reforzar el inicio de la república, principalmente en lo que respecta al ordenamiento territorial para equilibrar los poderes políticos y económicos, el centralismo y la bipolaridad, que básicamente se concentra en Quito y Guayaquil.

¿Por qué no consta Loja?

Ellos respetan la regionalización planteada por el Gobierno. Pertenecen a la región 7, integrada por Zamora, El Oro y Loja. Respetamos su decisión, pero no creemos en esa posibilidad y les hacemos una invitación para que se sumen a nuestra organización.

¿Qué potencialidades tiene la Mancomunidad del Sur?

Tener 2 millones de habitantes, lo que ayudaría políticamente en la toma de decisiones. También el 12% del PIB entre las 6 provincias del sur. En ese marco queremos desarrollar un equilibrio entre el poder político y económico.

¿Qué espera del Cootad?

La Comisión de Descentralización hizo un buen trabajo porque cambia el esquema tradicional y define mejor los roles de los diferentes niveles de gobierno. Pero, todavía hay que hacer ajustes.

¿Qué ajustes?

Se coarta la posibilidad de que los gobiernos locales constituyamos empresas de economía mixta, en los sectores estratégicos como hidroeléctrico.

¿Cómo se plantea eso?

Se plantea que el recurso hídrico será manejado por empresas públicas y no será perceptible a inversión de economía privada o mixta. Si un Gobierno provincial pide la concesión del agua para conformar una empresa hidroeléctica, no puede hacerlo.

¿Perjudica a las provincias?

Si no tenemos plata para conformar una hidroeléctrica, tenemos que conseguir financiamiento de empresas privadas, pero la Ley no permite. Según la Ley de Empresas Públicas, donde el Estado tenga mayoría de acciones pasará al central. Nos evitan tener inversiones y alianzas estratégicas para la autonomía financiera.

Redacción Política
politica@elcomercio.com

La Presidencia de la República quiere sumar una nueva tarea al Consejo de Participación Ciudadana: vigilar los procesos de rendición de cuentas de los medios de comunicación del país.

Sin embargo, esa potestad será atribuida a un organismo que es cuestionado, incluso antes de que empiece a trabajar. Luis Morales, presidente de la Comisión que redactó la Ley de Participación Ciudadana, aseguró ayer que la integración del Consejo ha despertado dudas por la inferencia de los partidos políticos en la elección de sus nuevos integrantes.

Andrés Páez (ID) y Lenin Chica (Prian) aseguraron que en ese proceso de selección se trató de beneficiar a ciertos movimientos políticos. Específicamente se habla de Alianza País y del MPD.

En ese sentido, César Ricaurte, de Fundamedios, sostuvo que el Primer Mandatario violó las normas del derecho a la libertad de expresión y de prensa, porque intereses políticos estarían detrás de que los medios de prensa rindan cuenta a la ciudadanía.

Esa intención presidencial está incluida en el veto a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El cuerpo legal fue aprobado por la Asamblea el 2 de febrero pasado y enviado al Ejecutivo para que sea analizado y objetado.

El texto del Legislativo no incluía a los medios de comunicación dentro del proceso de rendición de cuentas. No obstante, para el Presidente, las empresas de información, aunque sean privadas, prestan un servicio público como el de la comunicación.

Por eso, sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones”.

Según el veto presidencial, el Consejo de Participación deberá regular la diligencia de rendición de cuentas. Por ejemplo, podrá “establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para que las empresas informativas cumplan con esta obligación legal, una vez al año”.

La intención del presidente Rafael Correa es que cualquier persona o un grupo social pueda convocar a los medios para conocer y vigilar cómo es su trabajo.
En ese sentido, el Consejo deberá crear las reglas y vigilar que se cumpla con ese procedimiento.

Adicionalmente, según la propuesta del Ejecutivo, el Consejo no tendrá límites para elaborar estos parámetros para la rendición de cuentas. Por ejemplo, pueden ser incluidos temas de contenido, de presupuesto, personal y acciones de los medios.

En la ley que aprobó la Asamblea, la figura de la rendición de cuentas tenía el objetivo de vigilar las acciones de las autoridades estatales o empresas privadas que manejan dineros públicos. Sin embargo, para el presidente Correa, los medios de comunicación también deben estar obligados a entregar esos reportes.

No obstante, para incluir a los medios dentro de esta normativa el Presidente cambió varios artículos. Por ejemplo, propuso que los representantes legales de los medios (al igual que los funcionarios públicos o gerentes de empresa que manejen fondos estatales) estén obligados a someterse a ese proceso de evaluación y a informar a la ciudadanía de las acciones de las empresas a su cargo.

Los representantes legales que no acudan a esta rendición de cuentas podrán ser sancionados por el Consejo de Participación Ciudadana. Según Correa, para esta decisión se tomará en cuenta la norma especial del Consejo.

Asimismo, en ese cuerpo legal (en el artículo 11) solo se habla de funcionarios públicos.

Específicamente señala que los funcionarios que no acudan a la rendición de cuentas serán indagados por la Contraloría. También se autoriza al Consejo a realizar un monitoreo de la información entrega por las instituciones. Y a enviar recomendaciones.

Los asambleístas tendrán hasta el 3 de abril para debatir en el Pleno y deberán contar con 82 votos para insistir en su texto original. En el caso de que no consigan esos votos el veto presidencial entrará en vigencia.

Hasta ayer, este tema no fue tratado en la Legislatura. El debate del Código Orgánico Territorial, el posible juicio al Fiscal de la Nación y la aparente división de Alianza País tenían la atención.

Fausto Camacho, vocal del CNE, asegura que para elaborar el Reglamento se tomaron en cuenta las ideas de los partidos políticos. Sin embargo, no todasesas propuestas fueron ratificadas en el documento.